jueves, mayo 15

Seminario Negociación Colectiva


La OIT, en el marco de la cooperación y asistencia técnica que brinda a sus mandantes para la promoción del trabajo decente en Chile, en coordinación con la Internacional de Servicios Públicos y la ANEF organizó el Seminario Nacional sobre “La Negociación Colectiva en el Sector Público: Experiencias y Aprendizajes en el Cono Sur”. El evento forma parte de un proceso más amplio que se viene desarrollando, tanto en el país como en la Región, para promover el pleno respeto a los principios y derechos de la libertad sindical y negociación colectiva, en los términos establecidos por las normas internacionales del trabajo así como los servicios públicos de calidad.

El Seminario se realizó durante los días 22 y 23 de mayo de 2008, entre 9:00 y 17:30 hrs, en Alameda Bernardo O’Higgins 233, Edificio Diego Portales, Salón 5, con la participación de sindicalistas hombres y mujeres representantes de organizaciones afiliadas a la CUT y a la ISP.

Los objetivos del seminario fueron:

  • Conocer las características, alcances y limitaciones del marco normativo e institucional existente o en debate parlamentario en Argentina, Brasil y Uruguay para fijar las condiciones de empleo y trabajo, así como para la canalización y solución de conflictos colectivos incluida la huelga en el sector público de esos países.

  • Identificar los aspectos más relevantes de la negociación colectiva que han sido pactados en los países del Cono Sur y su posible impacto en la calidad de los servicios públicos.

Resumen de exposiciones:

La cita partió el día 22 con las palabras de bienvenida a nombre del director de la Oficina Regional de la OIT, Guillermo Miranda.

Siguió la cita con las palabras del presidente de la ANEF, Raúl de la Puente. En su intervención, el señor De la Puente hizo una reseña de la situación de negociación en el sector público chileno, señaló que el él se negocia en tres niveles: 1) Nivel Nacional, representado por la "Mesa del Sector Público" con 14 organizaciones; 2) Nivel Sectorial, y 3) Por grupos específicos. Señaló que la negociación del sector público involucra a 640 mil trabajadores, incluidas las FF.AA. y las policías; los trabajadores civiles son del orden de 450 mil, de los sectores centralizado y descentralizado.

A continuación hizo uso de la palabra el funcionario de OIT, Guillermo Campero, quien en su calidad de consejero, hizo una exposición sobre materias de interés para el sector público, tratadas en el marco de la discusión del informe del Consejo Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad, cuyos resultados están disponibles en Internet.

El Sr. Campero, experto de basta trayectoria, realizó una exposición centrada en cuatro puntos:

  1. Negociación colectiva: en el Consejo de discutió el ampliar la negociación al sector público, el principal reparo que se hace presente es ¿cómo demostrar que la negociación colectiva produce un buen resultado para el crecimiento económico? Los detractores de la ideas de ampliar la negociación señalan que no hay relación entre ésta y el crecimiento. El principal argumento a favor es que la negociación colectiva es una herramienta fundamental para crear un clima contributivo (diálogo, no confrontación). Un problema no resuelto respecto de ampliar la negociación colectiva al sector público es el "derecho a huelga", por las características de la relación laboral, no es posible suspender la relación laboral, como ocurre en el sector privado ¿huelga vs. estabilidad en el empleo?. Se mencionó que la idea de la autoridad va por disminuir la estabilidad en el empleo para entregar mayor posibilidad de negociación.
  2. Carrera funcionaria: el origen de la estabilidad es la alternancia de los gobiernos, el llamado "Civil Service" o administración del Estado no puede estar sujeto a los vaivenes de los gobiernos de turno. El problema que se planteó, es que el cambio del sistema de carrera funcionaria debiera considerar elementos adicionales a la antigüedad, tales como formación, carrera horizontal
  3. Que tipo de Estado se requiere en un mundo globalizado: el experto señaló que no hay demostración empírica de que una función desarrollada por el Estado es necesariamente más ineficiente que si fuera desarrollada por privados. La experiencia demuestra que el resultado es aleatorio, hay áreas en el el sector privado podrá ser más eficiente, y en otras, lo será siempre el sector público. ¿Cómo se resuelve y cual es el instrumento más adecuado para satisfacer las necesidades de "bienes públicos"?. En el tema planteado en la pregunta hay consenso que el Estado tiene un papel principal en proveerlos, ya que su fin el el bien común. Para el liberalismo, la libertad es un derecho subjetivo, individual; los individuos en sociedad entregan parte de su libertad al colectivo, y crean instituciones, el Estado, las FF.AA., etc., que por mandato social existen y se desarrollan. El Estado tiene por principal preocupación, de acuerdo a su fin, poner al hombre en igual punto de partida en la vida, igualdad de oportunidades, principio consagrado en nuestra constitución, función que no es posible delegar en los particulares. Todos estos principios obedecer a la concepción republicana (res pública-la cosa pública) de nuestro Estado.
  4. Cómo se podría generar un sistema de formación y capacitación de un sistema público profesionalizado: en Francia hay un buen ejemplo, la ENA. Es necesario profesionalizar las competencias, los cambios en la actualidad son muy rápidos, es necesario crear los ajustes necesarios.

Documentos distribuidos a los participantes:

Otros documentos, presentación de Argentina, Brasil y Uruguay, están disponibles para ser remitidas vía email a los interesados, enviar nota a: eaviles@mtt.cl (Eugenio Avilés Lagos)



Acoso laboral.


La Contraloría General de la República se ha pronunciado recientemente sobre la competencia que le cabe a dicho organismo en situaciones de denuncia de acoso laboral, y el procedimiento que debe seguirse para su investigación. Lo ha hecho a través del dictamen Nº 19.327, de fecha 24-04-2008.

En términos generales, la Contraloría ha señalado que "La existencia de situaciones de acoso laboral es un aspecto que debe ser analizado en las instancias judiciales pertinentes o mediante la instrucción de un procedimiento sumarial, para precisar si de ello derivan infracciones administrativas. Los procesos disciplinarios de la ley 18834, son procesos reglados en cuya tramitación se consultan diversas instancias en las cuales los afectados pueden hacer valer sus planteamientos, las que tienen por finalidad garantizar una adecuada defensa con miras a configurar un debido proceso. Por tanto, Contraloría se pronunciará sobre la legalidad del proceso cuando los sumarios en contra del recurrente se envíen a ella para la toma de razón de los respectivos documentos que los afinen, sin desmedro de que considere como un antecedente las presentaciones que, eventualmente, se formulen en el trámite de toma de razón de los actos que aplican medidas disciplinarias.

martes, mayo 13

Ley de Transparencia: Cómo denunciar las faltas de los servicios públicos 21 de abril 2008

Sólo resta que el Tribunal Constitucional le ponga el visto bueno y la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, la promulgue. Seis meses después de cumplidos dichos trámites, la nueva ley sobre acceso a la información pública, también conocida como Ley de Transparencia, será una realidad.
El texto despachado el 18 de enero desde el Congreso, regula el principio de transparencia de la función pública y el derecho de las personas a tener acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, entendiendo como pública toda la información elaborada con presupuesto público y toda otra información en poder de los órganos estatales, al igual que todos los actos y documentos publicados en el Diario Oficial.
Esta obligación de los organismos estatales de hacer públicos todos sus actos y documentos es conocida como transparencia activa. Sin embargo, la ley -originada en un proyecto de los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS) cuando ambos ejercían como presidente y vicepresidente del Senado, respectivamente, en enero de 2005- también impone al aparato estatal exigencias en cuanto a la transparencia pasiva, es decir, que toda persona tendrá derecho a solicitar información de cualquier institución pública, las que tendrán a su vez, el deber de entregarla, salvo en algunos casos excepcionales enumeradas en las denominadas Causales de Reserva.
Al no cumplir con los requerimientos de información, los servicios públicos podrán ser denunciados por los ciudadanos ante el Consejo para la Transparencia, entidad creada por esta ley, como un organismo autónomo con facultades fiscalizadoras y sancionatorias, que velará por el cumplimiento de la norma y aplicará las sanciones correspondientes.

(Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional)

Seminario Probidad

Santiago Lunes 28 /Abril/2008
Seminario sobre "Probidad Público-Privada"

La actividad fue organizada por la Anef y realizada en el auditorio de la Contraloría General de la República. El dueño de casa, Sr. Ramiro Mendoza entregó las primeras palabras. También lo hicieron la directora del Servicio Civil, Sra. Rossana Pérez y el presidente de la Anef, Raúl de la Puente. Entre los panelistas estuvieron el senador Ricardo Nuñez y el Padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado.
Al inicio de la actividad, estuvo presente el presidente de Senado, Sr. Adolfo Zaldivar, quien tuvo que retirarse por compromisos asumidos con anterioridad.
El panel de conversación sobre "Probidad Público-Privada y Servicios Públicos de Calidad", lo completaron el senador Ricardo Núñez, el abogado Cristóbal Tello, Director Ejecutivo Chile Transparente, y el rector de la Univarsidad Alberto Hurtado, S.J. Fernando Montes.
Estuvo presente en la cita el director de ANFUTRANS, don Eugenio Avilés.
En su intervención, el contralor, don Ramiro Mendoza, llamó no transformar la defensa del principio de probidad en algo que llege a generar un inmovilismo en la administración, a desarrollar una conducta razonable frente a este tema.
A continuación hizo uso de la palabra el presidente de ANEF, don Raúl de la Puente, en su intervención reseñó la colaboración de la ANEF en proyectos de ley sobre este tema, por ejemplo, la ley que protege al funcionario que realicen denuncias. Señaló que los funcionarios públicos de carrera no son corruptos, llamó a denunciar aquellos hechos que fuesen considerados contrarios a la probidad.
Los panelistas desarrollaron interesantes puntos en sus presentaciones, al cabo de las cuales se recibieron las consultas de los asistentes.